El turismo más alla de los datos económicos

 

EL TURISMO MÁS ALLÁ DE LOS DATOS ECONÓMICOS

Fotografía de El Tiempo, julio 2023

El turismo es una actividad económica que, posterior a la segunda mitad del siglo XX, ha tenido un constante crecimiento. Su expansión se relaciona en parte con la creación de infraestructura vial, los tiempos obtenidos por los trabajadores para vacacionar, el desarrollo de tecnologías de transporte y telecomunicaciones, así como la construcción de lugares pensados para el disfrute de personas provenientes de otros lugares. Este se ha convertido en una herramienta de gran utilidad tanto para generar beneficios económicos, como para ayudar en la protección del medio ambiente y de aspectos culturales de diversos grupos humanos, aunque presenta múltiples efectos negativos en los territorios donde se desarrolla, generando críticas y discrepancias en relación con su ejecución.   

Se tendrá en cuenta que el turismo no es el simple desplazamiento de un lugar a otro con fines de negocios, de descanso o personales, sino que es “un proceso social, compuesto por dos subprocesos simultáneos, contradictorios, excluyentes y complementarios a la vez: la turistificación del territorio y el encuentro de actores” (Muñoz, 2020, pp.105). La turistificación se reconocerá como el proceso donde el sistema turístico impone sus territorialidades por encima de las construidas previamente, con lo cual logra una nueva apropiación del espacio y, por tanto, produce un nuevo territorio. 

Dada la notable capacidad territorializadora del turismo, lo que conlleva al dominio - económico y político - y la apropiación - simbólica y cultural - de los espacios por parte de los diversos actores involucrados, se puede inferir que la territorialización implica dominio, control y apropiación material y simbólica sobre el territorio (Arronte, s.f.), y a su vez produce discrepancias entre las formas de dominio y apropiación del territorio ya establecidas y las emergentes, que en ocasiones surgen ante imposiciones vinculadas con jerarquías entre regiones, ciudades, países y grupos poblacionales. A partir de allí, comienza a gestarse una transformación del territorio, el cual resultará alterado tanto en lo ecológico como paisajístico, mientras que las relaciones sociales, políticas y productivas de las comunidades que lo habitan, y sus saberes y costumbres también se verán trastocadas. 

Respecto al encuentro entre actores turísticos, no turísticos, residentes y visitantes este debe comprenderse desde la turistificación, pues a partir de la relación de estos actores es que prima una u otra forma. Es decir, el turismo implica un encuentro entre actores que define la turistificación que se da en los territorios, esto dependiendo de la participación, los intereses y recursos económicos de cada uno de los actores involucrados, así como de los recursos turísticos de los que se dispone. Además, la forma de turistificación terminará por definir en gran medida los impactos medioambientales, sociales, culturales, políticos y económicos generados en el territorio los cuales son múltiples y no siempre benéficos.

 

Nota: extraído de Henao (2023, pág. 42)

 Dados los múltiples actores e intereses, así como las formas de dominio y apropiación que convergen en cada territorio, se crean diversas tipologías de turismo que involucran aspectos culturales, naturales, históricos, arquitectónicos, paisajísticos, sociales, entre otros. Si bien las diferencias entre los actores son notables, la gran mayoría coincide en el hecho de que buscan la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de condiciones de vida con sus proyectos, al tiempo que llevan a la mercantilización y explotación de ciertos elementos de cada territorio, entre ellas las partes menos visitadas, inusuales, paradisiacas y exóticas (Salazar, 2006). 

La consolidación del turismo puede subsumir las relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica instrumental en la que “se asigna a las formas y prácticas culturales un valor monetario y se venden como mercancías en el mercado turístico” (Wyllie, 2000) citado por (Salazar, 2006, p. 105). De esta forma, el turismo mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la naturaleza y la cultura, lo que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional (Gudynas, 2009). Algo muy similar a los que pasa con algunas actividades extractivas.     

TURISMO Y EXTRACTIVISMO

 Si bien el turismo no se considera una actividad extractivista, sí guarda cierta relación con estas. Teniendo en cuenta las propuestas de Gudynas (2009), se puede decir que el turismo, así como las nuevas formas de extractivismo, mantienen el vínculo no solo con la naturaleza y su aprovechamiento, sino también con la cultura y el patrimonio, siendo apreciable la forma en que estos se convierte en una fuente inagotable de riqueza la cual involucra a los Estados en la promoción, planificación y gestión. No obstante, su implementación se vincula a mercados globales, donde son destacables las relaciones de subordinación que se dan en ciertas regiones, originando que algunos países se sometan a las reglas globales comerciales y financieras con el fin de obtener una inversión del exterior.   

Además, debe tenerse en cuenta que el turismo corresponde a una actividad económica, al igual que los proyectos extractivos, por eso en ambos casos los procesos se orientan a ganar competitividad, aumentar la rentabilidad bajo criterios de eficiencia clásicos, incluyendo la externalización de los impactos sociales y ambientales (Gudynas, 2009). Es así como actualmente, en múltiples territorios del mundo, se está viviendo una transformación vocacional económica y del uso de la tierra, dejando la producción pecuaria, agrícola y de conservación de ecosistemas de lado, para dar paso a las construcciones y adecuaciones en pro del turismo, lo cual representa considerables presiones sobre los recursos naturales y cambios sociales justificados por una abundante derrama económica. 

Tanto el turismo como las actividades extractivas llevan a cambios en la cotidianidad de los lugares donde se instala, e indudablemente dan paso a nuevas apreciaciones y valoraciones de la naturaleza y la cultura, esto en la medida que se dan procesos de territorialización, desterritorialización y fragmentación del territorio. La turistificación, que impone nuevas territorialidades, implica para la población de un territorio que las instalaciones y servicios pasen a dedicarse de manera casi exclusiva al turismo, supeditados a la generación de beneficios de las empresas vinculadas a la actividad turística. Los problemas de estos procesos de especialización son el aumento de la precarización laboral, la degradación del derecho a la vivienda, el encarecimiento y la transformación del comercio local, o la masificación de calles y plazas que dificulta la vida cotidiana de las personas residentes (García, s.f.). 

Podría decirse entonces, que a pesar de que el turismo no se considera una actividad extractiva, sí es un proceso netamente territorializador con la capacidad de transformar el territorio en el corto plazo y sin el consentimiento de los sujetos y actores locales” [además que,] “la aparición de planta turística en un territorio se configura como un actor con alta capacidad de ejercer control territorial y transformar lógicas territoriales preexistentes” (López, 2014, pp. 23). Tal situación cada vez genera más críticas y resistencias frente al turismo, llevando a mayores análisis de este y del proceso de turistificación, evitando apreciaciones reduccionistas entorno a cifras económicas principalmente. 

Ante este panorama, no todas las comunidades ven en el turismo una valiosa herramienta para el mejoramiento de su calidad de vida, dado que muchos de sus impactos resultan ser negativos, debido a los procesos de dominio y apropiación que se hacen del territorio, en donde los suelos rurales cambian de vocación, evidenciando una fuerte avanzada del interés urbano sobre lo rural para crear espacios de ocio y recreación, convirtiendo “la ruralidad en un espacio consumible y de consumo dispuesto a acoger las demandas urbanas de contacto con la naturaleza y la bucólica rural” (Torres et al., 2018). De igual manera las grandes urbes se vuelven en grandes receptores de visitantes, ocasionando cambios en la oferta y demanda de vivienda, así como el encarecimiento del costo de vida, el cambio de actividades productivas y la relocalización de viviendas y sitios de trabajo. 

CONCLUSIONES

A pesar de que el turismo es una actividad económica que goza de buena reputación en comparación con actividades extractivas como la minería, la agricultura y ganadería extensiva, es importante destacar sus impactos territoriales. También es necesario reconocer su cercanía con el extractivismo e identificar las contradicciones en las que se sumerge, dado que, a pesar de convertirse en una herramienta alternativa y sostenible en comparación a otras actividades productivas, tiene serías implicaciones en el medio ambiente y en la sociedad, ocasionando que en algunos casos no llegue a ser deseado.

Son importantes los análisis a mayor profundidad sobre el turismo y el proceso de turistificación, evitando caer en concepciones meramente económicas que optan por dar prevalencia a la generación de dinero, y no tanto a los impactos territoriales ocasionados por la dicha actividad productiva. Será importante en este punto, entender la complejidad del fenómeno turístico y de sus componentes, y cómo esto dificulta reconocer las causas y efectos territoriales en su totalidad, lo que puede llevar a que se invisibilicen muchos de los impactos negativos que ocasiona este sector económico.

Finalmente, es necesario reconocer que el turismo también tiene impactos positivos que van más allá de la tan mencionada derrama económica, y que pueden ser de gran utilidad para la conservación del medio ambiente y de aspectos culturales de muchas sociedades. Para ello, es necesario que emerjan proyectos bien planificados, gestionados y ejecutados que permitan procesos de territorialización conciliados entre los diversos actores del turismo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arronte, N. (s.f.). Territorialización, reterritorialización y procesos cooperativos agrícolas. Aproximaciones teóricas conceptuales.

García, O. (s.f.). Especialización turística, extractivismo y otras cosas feas a evitar. El topo. https://eltopo.org/especializacion-turistica-extractivismo-y-otras-cosas-feas-a-evitar/

Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Extractivismo, política y sociedad, 187-225.

Henao Agudelo J. (2023). Turismo en zonas rurales de Sopetrán: la naturaleza y el paisaje como elementos indispensables. [ Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

López Zapata, L. V. (2014). Impactos territoriales del turismo y lineamientos de ordenación para territorios con vocación turística. Estudio de Caso en el Municipio de Santa Fe de Antioquia - Colombia. Medellín.

Muñoz, E. (2020). ¿Qué alternativa de desarrollo impulsa el turismo? Estudio acerca de la relación del turismo, territorio y globalización en Santa Fe de Antioquia ─Colombia─, 2006-2016. [Tesis de doctorado, Universidad de Caldas].

Salazar, N. (2006). Antropología del turismo en países en desarrollo: análisis crítico de las culturas, poderes e identidades generados por el turismo. Tabula Rasa, (55), 99-128. http://www.revistatabularasa.org/numero-5/salazar.pdf

Torres, L., Pastor, G., Grosso, M. y Scoones, A., (2018). Turismo de lujo y extractivismo: la ruralidad como presa del capital. Reflexiones a propósito del Valle de Uco (Argentina). Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de marzo de 2018, vol. XXII, núm.. 585.

Realizado por Juan David Henao Agudelo

Biocombustibles y seguridad alimentaria

 BIOCOMBUSTIBLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Imagen obtenida de: https://desinformemonos.org/biocombustibles-un-riesgo-para-la-seguridad-alimentaria-y-la-biodiversidad/

Biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles.

La demanda de recursos energéticos ha ido en constante aumento a partir de la revolución industrial. Ante el crecimiento demográfico, y por consiguiente el incremento de la demanda de energía tanto en el ámbito industrial como doméstico, se ha dado la necesidad de obtener mayor cantidad de combustibles. De esta manera los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural comienzan a ser los más explotados y utilizados para satisfacer estas demandas (Medina, 2013). Con el paso de los años y teniendo en cuenta lo finito de estos recursos, se idearon nuevas formas de obtener energía, sin embargo, cada vez era mayor la dependencia por estos combustibles. 

Al margen de los combustibles fósiles aparecían otras fuentes de energía como la energía eólica, solar, atómica o la producida por biocombustibles. Este último ha tenido mayor desarrollo y proliferación en su forma líquida, ya sea como aceites, alcoholes, éteres, ésteres y otros productos químicos, que provienen de compuestos orgánicos obtenidos a partir de biomasa, la cual puede entenderse como “cualquier tipo de materia orgánica que haya tenido su origen inmediato en el proceso biológico de organismos recientemente vivos, como plantas, o sus desechos metabólicos (el estiércol); el concepto de biomasa comprende productos tanto de origen vegetal como de origen animal” (Salinas y Gasca, 2009, pág. 76).

El uso de biocombustibles se remonta a finales del siglo XIX, cuando el Dr. Rudolf Diesel desarrolló el primer motor Diesel, cuyo prototipo estaba previsto que funcionara con aceites vegetales. Estos serían destinados especialmente al transporte y la automoción, convirtiéndose en una alternativa de energía luego de la disminución de la oferta de petróleo por parte de los países productores y el consiguiente ascenso en los precios de la gasolina en la década de 1970 como resultado de la crisis del petróleo.

El aspecto medio ambiental tendría gran prevalencia para impulsar el fortalecimiento de esta nueva forma de generar energía, aunque, con los años también se vería la complejidad de los problemas ocasionados:

De esta forma, los biocombustibles aparecen como una fuente de energía alternativa que puede usarse en el caso de que los precios de los hidrocarburos se eleven demasiado o en un horizonte de largo plazo en que se agoten. Una segunda finalidad en su uso es que contribuyen a frenar el calentamiento global, ayudando a reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, los cultivos energéticos de maíz, caña de azúcar, sorgo o soya, implican darle un uso alternativo al alimentario y esto es lo que ha generado una gran polémica (Salinas y Gasca, 2009, pág. 77).

Producción de biocombustibles en los territorios

Como ya se mencionó, fue a partir de la década de los 70 que comenzó el auge de los biocombustibles líquidos, así como el uso y explotación en grandes cantidades. Su incorporación como fuente de energía fue paulatina y estuvo intrínsecamente relacionada con la oferta y precio de los combustibles fósiles. Según datos, la producción global de biocombustibles líquidos se ha incrementado de 4.4 mil millones de litros en 1980 a 42.2 mil millones de litros en 2005, siendo los mayores productores USA (16.1 mil millones litros), Brasil (16 mil millones litros) y China (3.8 mil millones litros). Mientras que la producción de biodiesel pasó de 11.4 millones de litros en 1991 a 3.8 mil millones de litros en 2005 teniendo a Alemania, Francia, USA e Italia como mayores productores (Acosta y Chaparro, 2009).

Parte importante del aumento en el uso y elaboración de estos nuevos biocombustibles se relaciona con el papel que cumplen los Estados, debido a que son ellos quienes crean y promocionan las políticas de regulación tanto de las plantaciones como de la producción de biocombustibles. Para promover la producción y uso de estos combustibles se otorgan incentivos económicos como subvenciones, exenciones y otros beneficios a quienes ejecuten proyectos con biocombustibles, apelando al argumento de que las plantaciones ayudan al medio ambiente, puesto que son fuentes de energía menos nocivas que producen menores emisiones de gases efecto invernadero y que sirven como sumideros de CO2, y recalcando los altos beneficios económicos que podrían generar.

Hay que precisar que, además de los incentivos económicos, también es necesario el acceso a la tierra y los conocimientos adecuados en cuanto a aspectos tecnológicos y sobre las dinámicas del mercado. El mercado de agrocombustibles de EE. UU y de la Unión Europea, ha demostrado cierta viabilidad debido a la capacitación y las subvenciones que ofrecen a los agricultores, ya que es necesario tener en cuenta que sus costos de producción. Será esta rentabilidad económica el argumento de mayor peso, sobre todo porque en los primeros años del siglo XXI la lucha contra la pobreza en América Latina se convierte en un potente justificativo para avanzar en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, difundiendo la idea de que las riquezas ecológicas no deberían desperdiciarse (Composto, 2012).

Impactos ambientales y sociales del uso y explotación de biocombustibles

Si bien estos nuevos biocombustibles son menos nocivos que los combustibles fósiles, debe tenerse en consideración que la instalación de megaproyectos extractivos para su obtención tiene notables repercusiones sociales y medio ambientales. Este al ser un ‘agronegocio’, congenia en gran medida con actividades extractivas al igual que la minería, el petróleo o la explotación de uranio, puesto que escapa a la agricultura tradicional de procesos, manteniendo una lógica productiva diferente, que no se basa necesariamente “en ‘procesos naturales’, ciclos orgánicos con bajo insumo de agroquímicos, el aprovechamiento del trabajo familiar, la organización” (Giarracca, 2012 citado por Grigera y Álvarez, 2013, pág. 82).

Poniendo a consideración los efectos ambientales ocasionados por la explotación de biocombustibles, hay que tener en cuenta que los impactos se dan tanto como causa del cultivo como del procesamiento. Según estudios realizados por el Instituto Humboldt en Colombia, se puede concluir que el impacto del cultivo sobre la biodiversidad depende de la cobertura vegetal que se reemplace para su establecimiento, asegurando que la siembra de monocultivos en zonas anteriormente cubiertas por bosque primario -e incluso bosque intervenido- tiene efectos claramente negativos. Sin embargo, también concluye que los efectos pueden ser positivos si las coberturas que se reemplazan son pasturas o cultivos transitorios (Instituto Alexander Von Humboldt, 2000).

Por otra puede verse que “la producción de biocombustibles es a la vez contaminante en la medida en que en su cultivo se emplean insumos provenientes de hidrocarburos, tanto en la fertilización como en la fumigación y en el uso de la maquinaria agrícola” (Salinas y Gasca, 2009, pág. 80). En términos generales puede decirse entonces que estos proyectos usualmente causan

El empobrecimiento de la biodiversidad por la intervención en los ecosistemas; la erosión de los suelos y la sedimentación de los ríos, como consecuencia de la tala rasa; la modificación y los desequilibrios en los cauces naturales, como consecuencia de las actividades de drenaje; la alteración de los sistemas tradicionales de explotación maderera; y la contaminación del agua y los suelos, por los efluentes y por el uso de fertilizantes químicos (Peña, 2010, pág. 56)

Siendo estos algunos impactos ambientales, también cabe resaltar que con estos procesos extractivistas se pierde la base del sustento de las poblaciones nativas debido, en parte, a los procesos de desagrarización que se presentan, ocasionando descensos en las actividades agrarias destinadas a la obtención de los alimentos que conforman la dieta de los pobladores originarios de la zona (Peña, 2010). Sumado a esto, en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de las zonas donde se ejecutan las actividades (Instituto Alexander Von Humboldt, 2000). Es así como la seguridad alimentaria, elemento base del sustento de la población, puede perderse o estar en riesgo por la producción de biocombustibles.

Biocombustibles y seguridad alimentaria

Inicialmente debe diferenciarse entre los biocombustibles de primera y segunda generación, pues de ello depende en gran medida su injerencia en la seguridad alimentaria de las poblaciones humanas. La diferencia más notable entre ambos combustibles radica en que los biocombustibles de segunda generación se obtienen de vegetales que no tienen una función alimentaria, mientras que los biocombustibles de primera generación comprometen en mayor medida la seguridad alimentaria, dado que 

se producen a base de alimentos o bien compiten por la tierra que puede ser utilizada para producir alimentos, esta situación impacta el precio de los alimentos al alza de manera directa al restringir la oferta de cereales para la alimentación, o de manera indirecta si los alimentos son insumos de ganado; lo que se impacta es el precio de la carne y de los lácteos (Salinas y Gasca, 2009, pág. 79)

Aunado a lo anterior, se debe resaltar que los agrocombustibles de primera generación necesitan de cultivos altamente mecanizados, lo cual debido a la economía de escala que requiere, tiende a la concentración de las riquezas entre los agricultores con mayores recursos (Medina, 2013), o directamente son las transnacionales las que obtienen mayores beneficios. Además, al darse cierta prevalencia por usar el suelo para monocultivos con fines comerciales, se favorece el detrimento de cultivos tradicionales como la yuca, plátano, maíz y el frijol que garantizan la soberanía alimentaria de las personas (Carmona, 2009 citado por Peña, 2010).

Nota: imágenes extraídas de Peña (2010).

De acuerdo con lo recién mencionado, es importante considerar el hecho que muchos agricultores y campesinos que cuentan con pequeñas parcelas en zonas en las cuales son viables los cultivos denominados como “tropicales” (un ejemplo de este sería la palma aceitera), no tienen las capacidades para competir contra el mercado de las agroindustrias ya que las subvenciones estatales son pocas o nulas y la capacitación está orientada, en gran medida, a los grandes productores.

Como consecuencia de esto el campesinado ha visto seriamente afectada su vinculación con la tierra. Por un lado, se han transformado las dinámicas de producción que giraban en torno a la agricultura y a la pequeña economía familiar, y, por otra parte, se ha hecho manifiesta la expoliación y despojo de sus tierras, proceso que ha favorecido tanto la “proletarización del campesinado” como la conversión de la población rural en “pobladores circundantes”. Es decir, que se ha desplazado a los trabajadores rurales y al campesinado hacia la agroindustria, convirtiéndolos en mano de obra barata.

Esto ha generado grandes cambios en la seguridad alimentaria de los hogares rurales ya que, si antes un gran porcentaje de estas familias destinaba su suelo fértil a la producción diversificada de alimentos para consumo local, ahora, debido a las políticas económicas y productivas impulsadas por organismos internacionales  y por entidades como la FAO, gran parte del campesinado ha perdido la capacidad de autoabastecerse debido a que se ha afectado principalmente la posibilidad del acceso a la tierra.

Además, al ser parte de un contexto notablemente violenta donde la volatilidad de los precios, las distorsiones del mercado y las políticas neoliberales, que encarecen por momentos el acceso a una alimentación adecuada son pan de cada día, se ha condenado a una parte relevante de la población a periodos de hambruna en la medida en que las lógicas productivas giran en torno a la acumulación del capital, dejando a un lado la racionalización de los recursos para el bienestar de la población. Se hace latente la idea de “desposesión por acumulación” propuesta por David Harvey, puesto que es apreciable un “proceso que expande la mercantilización y privatización de la tierra, la expulsión forzosa de poblaciones campesinas hacia las ciudades y la reconversión de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en propiedad privada” (Grigera & Álvarez, 2013, pág. 87)

Conclusiones

Así como plantea Claudia Composto en su texto, los proyectos extractivistas implican una reconfiguración en cuanto a las relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas. Estas relaciones, vinculadas con una lógica puramente instrumental sobre la naturaleza, han llevado a transformaciones en la conexión humano-naturaleza, y a la ruptura de lazos comunitarios y economías regionales. A lo anterior se le debe sumar el hecho de que las agroindustrias transformaron radicalmente el tejido social de las comunidades rurales al afectar los valores identitarios depositados en el cultivo, la producción y consumo de alimentos. En relación con esto, surgieron fenómenos como el de la desagrarización. De igual manera, y siguiendo un poco la línea de las actividades extractivistas, es apreciable que la producción de biocombustibles ha generado despojo de tierras, lo que ha hecho que las poblaciones no tengan donde cultivar sus alimentos, al tiempo que compromete su seguridad alimentaria.

Ya para finalizar, vale la pena resaltar que en un futuro próximo estas políticas de incentivo a la producción de agrocombustibles deben ser revisadas y debatidas, debido a que pueden poner en peligro tanto los ecosistemas de los lugares donde se da su producción, como la seguridad alimentaria de las familias que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en la medida en que afecta directamente sus sistemas productivos. De igual manera será importante tener en cuenta que “el abandono de la agricultura de pequeña y mediana escala en los países en desarrollo es una de las principales causas de que el incremento del precio de los alimentos haya afectado la seguridad alimentaria de millones de personas” (Medina, 2013, pág. 247). Por eso es importante repensar los verdaderos beneficios ambientales, sociales y económicos que llevan consigo los procesos extractivistas, como el agronegocio de la generación de biocombustibles, en comparación con la producción de alimentos.

 

Bibliografía

Acosta, O., y Chaparro, A. (2009). Biocombustibles, seguridad alimentaria y cultivos transgénicos. Salud pública, 290-300.

Composto, C. (2012). Acumulación por despojo y neoextractivismo en América Latina. Una reflexión crítica acerca del Estado y los movimientos socioambientales en el nuevo siglo. Astrolabio, 323-352.

Grigera, J., y Álvarez, L. (2013). Extractivismo y acumulación por desposesión Un análisis de las explicaciones sobre agronegocios, megaminería y territorio en la Argentina de la posconvertibilidad. Theomai, 80-97.

Instituto Alexander Von Humboldt. (2000). Incentivos económicos perversos para la conservación de la biodiversidad: el caso de la palma africana. Bogotá.

Medina, J. (2013). Agrocombustibles y seguridad alimentaria. En I. E. Estratégicos, Cuaderno de estrategias 161. Seguridad alimentaria y seguridad global (págs. 217-251). Madrid: Ministerio de Defensa.

Peña, D. (2010). Megaproyectos, desagrarización y soberanía alimentaria: el caso de la palma aceitera en el Bajo Atrato. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia.

Salinas, E., y Gasca, V. (2009). Los biocombustibles. El cotidiano, 75-82.

Realizado por Juan Mateo Valencia Agudelo y Juan David Henao Agudelo

Disposición y manejo del agua en Colombia. Más de un siglo regulando su uso para garantizar el acceso y prevenir enfermedades.

 DISPOSICIÓN Y MANEJO DEL AGUA. MÁS DE UN SIGLO REGULANDO SU USO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PREVENIR ENFERMEDADES RELACIONADOS CON AGUAS CONTAMINADAS.

Los ríos desempeñan un papel fundamental en el sistema de evacuación de residuos. Desde las primeras décadas del siglo XX, la solución para el mal olor y el aspecto desagradable de los ríos fue canalizarlos. Canalización Río San Francisco en Bogotá. Fotografía propiedad de Luis Alberto Acuña 1910. 

El agua es parte de los territorios y, por lo tanto, incide en la forma de ser de las poblaciones a su alrededor. Al ubicarse en un espacio y un tiempo, estas poblaciones encuentran su territorio e instituyen un orden o una lógica en sus dinámicas sociales, en su organización y en sus formas de apropiación del espacio (Carreira, 2007). Ante esto, fenómenos como ríos contaminados, entubados, descargas de aguas cloacales a la vía pública, inundaciones, desbordes, aguas que se pierden, son imágenes que no contribuyen a construir ese ser a partir del estar en el territorio, por lo que se da la intervención humana para dar soluciones.

Si bien el agua es un elemento esencial para la vida, e indispensable para el aseo individual y colectivo de los grupos humanos, también es importante resaltar que su mal uso y disposición puede generar serios inconvenientes en la salud, es decir, que, el agua es elemento vital de primer orden cuando no es impura o sucia, y veneno poderoso cuando contiene gérmenes infecciosos (Lobo, 1917).

Por ello, ha sido necesario que por décadas organismos multinacionales, gobiernos nacionales, departamentales y municipales, hayan tomado medidas que consideraban convenientes para evitar la contaminación y disminución de los afluentes que sirven para abastecer a las comunidades del preciado líquido. De igual manera ha sido de gran importancia el manejo de las aguas residuales y represadas, debido a los problemas de salud con que pueden estar relacionados. Frente a este panorama, en el siguiente artículo se pretenden evidenciar algunas de las medidas tomadas por los diferentes entes gubernamentales con respecto al manejo adecuado del agua.

Contexto histórico-administrativo

Partiendo de un ámbito global y nacional, es importante señalar que ya para fines del siglo XIX y comienzos del XX, la higiene comenzaba a ser un aparato útil en la profilaxis de las enfermedades que azotaban al planeta. De igual manera, a partir de los análisis microscópicos realizados durante este periodo, especialmente en Europa, comienza a ser más evidente la presencia de microorganismos patógenos en la vida de los humanos, al punto de considerarse, que, el origen de muchas de las enfermedades infecciosas y contagiosas estaba vinculado con estos seres biológicos minúsculos – microbios-(Rodríguez, 1992).

A la par se vislumbra la relación de estos microorganismos con el agua y los problemas de salud, bien sea porque el agua que es para consumo se encuentra cargada de grandes cantidades de estos seres vivos microscópicos, o porque la mala disposición y manejo de esta favorece la reproducción de organismos vectores que se encargan de trasmitirlos, como el caso de los anofeles, o zancudos, que transmiten enfermedades como paludismo, malaria y fiebre amarilla.

El 20 de octubre de 1886, en Colombia, se crean por decreto del gobierno nacional, la Junta Central de Higiene y las Juntas Departamentales de higiene que tenía como funciones controlar las enfermedades epidémicas y endémicas, responsabilizarse del saneamiento y control de los puertos, además del manejo de aguas, alimentos, entre otros (Gutiérrez, 2010). La proliferación de leyes para intentar estructurar la implementación de la higiene estuvo sustentada en las evidencias científicas difundidas en las nacientes academias de medicina, y fue introducida a la población desde las leyes, ordenanzas y actores estatales, quienes se encargaron de diseminar la regulación de las practicas higiénicas en todos los ámbitos de la vida cotidiana de una sociedad (Castaño, 2018).

Sin embargo, para el siglo XIX, en Colombia, el discurso científico estaba repleto de enunciados que revelan juegos de poder e ideologías científicas, que, como señalaba Georges Canguilhen, no eran ajenos a las relaciones y rivalidades que a veces cobran un carácter de nacionalismo discriminatorio (Márquez, 2005). Probablemente por esto las disposiciones dictadas por esta junta, aunque fueran de carácter obligatorio, tuvieron serios problemas políticos para su aplicación dada la resistencia de los departamentos en permitir la centralización en la toma de ciertas decisiones.

El Estado contó con estrategias que iban desde la coacción a partir de normas higiénicas (códigos sanitarios) para evitar el contagio y la propagación de enfermedades, así como la creación de instituciones, burocracia y órganos de difusión, menos coactivas pero que conservaban el mismo objetivo (M. Suárez & Monsalvo, 2013). Para este momento, se evidencia a través de discursos médicos y sanitarios, que comienza a vincularse la higiene con la civilización y el progreso.

Para 1914, con la ley 84, se dieron mayores herramientas jurídicas a la Junta Central de Higiene para controlar y reglamentar la higiene en el país. De esta manera los departamentos y municipios tenían que encargarse del mantenimiento de los entes locales, pero quedando dependientes siempre de la Junta Central de Higiene. En otras palabras, los municipios y departamentos corrían con los gastos relacionados a la higiene, pero sin tener control de estas instituciones (Gutiérrez, 2010).

Frente a dicha situación los gobiernos regionales, y algunos municipales, comienzan a tener considerables avances en materia higiénica sobre todo en lo que respecta a la creación de sistemas de acueducto, sanidad de los puertos y prevención de enfermedades infectocontagiosas. En la segunda y tercera década del siglo XX se fortalece el saneamiento de los puertos marítimos, además se avanza en el servicio de agua potable, el alcantarillado, la pavimentación de las ciudades y el saneamiento de las habitaciones. Se buscaba unir esfuerzos entre nación, departamentos y municipios a través de la construcción de unidades sanitarias, pero las Asambleas y Consejos Municipales no asignaban suficiente presupuesto para sobrellevar las necesidades de la higiene (Gutiérrez, 2010).

En el departamento de Antioquia, su Junta Departamental de Higiene no fue ajena a los objetivos en salubridad e higiene que tenía el país, a pesar de las diferencias en cuanto a la autonomía de los departamentos y municipios para decidir sobre el presupuesto y las acciones a ejecutar entorno a este servicio. Es importante señalar que, por un lado, la higiene era tomada en el departamento, y en Medellín especialmente, como un instrumento esencial con fines preventivos, y por otro, era vista como una práctica que instrumentalizaba el saber médico y pedagógico de la época en nombre de una mejor población y civilización (Botero & Trujillo, 2004).

Entre 1914 y 1917 el departamento de Antioquia, siguiendo la normatividad establecida por el gobierno nacional que comenzaba a ser más rigurosa en su aplicación, expidió resoluciones y ejecutó ciertas medidas con el objetivo de mejorar las condiciones higiénicas existentes en algunos de los establecimientos municipales. Se reconoce, gracias a las actas levantadas por los directores de la Junta de Higiene departamental, que había serios problemas relacionados con la contaminación y manejo de aguas residuales, al igual que notables inconvenientes en el abastecimiento de agua potable.

En el departamento ya había municipios con gran número de habitantes como es el caso de Andes con más de 30000 personas o Medellín con más de 120000 para la década de 1930, esto hacía urgente la toma de medidas preventivas para garantizar la salud y evitar la propagación de enfermedades y la consolidación de epidemias. En otras ciudades como Cartagena, la población también aumentó de cerca de 9681 personas en 1905 a 84937 durante la misma década (Meisel, s.f.), generando un notable crecimiento del área de la ciudad lo que ocasionó altas demandas y deposiciones de aguas usadas que contaminaban calles y espacios públicos estancándose junto con las basuras (Casas, 2000).

Ante esta situación, recurrente en diferentes lugares del país, se tomaron acciones relacionadas con el manejo del agua, en especial en lo relacionado al abastecimiento y al manejo de aguas lluvia y aguas residuales, sobre todo por su estrecha relación con algunos problemas de salud. Como lo evidencian las resoluciones dictadas por la Junta Departamental de Higiene de Antioquia, registradas en el tomo 9475, se buscaba prevenir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, el paludismo y la fiebre tifoidea, relacionados estrechamente con aguas contaminadas y represadas.

                               

Para ello, se emplearon estrategias como la erradicación de cultivos en antejardines y solares, puesto que favorecían la formación de lagunas y charcos de agua que daban paso a la aparición y reproducción de insectos como zancudos que transmitían los microbios de algunas enfermedades como lo sugería el Dr. Pablo García Medina en 1907 (Castaño, 2018).También se buscó mantener separadas las aguas residuales y el agua potable mediante la creación de desagües y alcantarillados, que condujeran las aguas empleadas en actividades humanas o resultado de las lluvias lejos de las poblaciones, sobre todo porque desde 1881 se solicitaba con apremio que las cañerías no corrieran por las calles, pues constituían un problema de salud pública (Castaño, 2018).

No se permitía la ubicación de excusados en las márgenes de las quebradas y riachuelos de la ciudad, y en todos los demás puntos en donde por sus emanaciones perjudiquen a los transeúntes y vecinos. Esto se dio porque el servicio de alcantarillado daba salida libre a las aguas sucias a cualquier punto de las cercanías de la ciudad, lo que ayudaba a que se formaran criaderos de gérmenes nocivos, que levantados en el aire y llevados por los vientos al centro de la población terminaban siendo una de las causas de las epidemias que asolaban a las personas. Así mismo, producían un daño a los campos que regaban con agua sucia, infestando las dehesas por donde pasaba, y ocasionando problemas al ganado que la bebía, lo que podía ocasionar la transmisión de múltiples enfermedades a las personas que consumieran este ganado (Bernal, 1911).

Se prohibió que sobre la vía pública se arrojasen excrementos, orinas, aguas sucias y en general toda clase de sustancias de origen animal o vegetal que, al podrirse, sean perjudiciales a la salubridad pública. Así mismo se veía la necesidad de pavimentar ciertas zonas y mejorar el manejo de las basuras. Puesto que, como narraba Vigarello, las emanaciones hediondas de las putrideces, las basuras, la carne muerta y los objetos putrefactos podían causar la muerte (Vigarello, 1991).

Otra de las medidas propuestas para conservar las fuentes hídricas y garantizar el acceso a agua potable en las poblaciones aparece en el folio 15 del tomo 9475 del fondo del Archivo Histórico de Antioquia. Allí se solicita a los municipios que adquirieran zonas de tierra que tenga por lo menos cincuenta metros de ancho, a cada lado del manantial, arroyo o riachuelo de cuyas aguas se sirva la población; y de largo, desde el sitio en donde se hace la toma del agua, hasta sus nacimientos.

Esta estrategia no fue exclusiva del departamento de Antioquia y ciudades como Medellín, también se dio en otras ciudades como Bogotá. En la capital del país, por ejemplo, se da la compra del denominado predio San Cristóbal, el cual estaba compuesto de cuatro manantiales que podían abastecer de agua a gran parte de la población. Sin embargo, es importante señalar que esta medida por sí sola no evitaba problemas de salud o aseguraba el abastecimiento de aguas, pues, para que el agua satisfaga cumplidamente las ineludibles necesidades humanas, no basta que la cantidad sea suficiente, sino que es preciso que reúna determinadas cualidades, entre las cuales la más importante y aun esencial es que tenga cierto grado de pureza (Comisión República de Colombia, 1912).

Aparte de las medidas ya mencionadas, en el mismo tomo 9475 aparece una resolución vinculada con la capa vegetal de los suelos. Reconociendo la relación de los suelos con la producción y composición del agua, se prohibió la quema de barbechos o malezas en ciertas zonas. Además, se propuso que, en las partes sin monte o rastrojo, se sembraran árboles y arbustos apropiados al clima, prefiriendo los que, como el chusque, el carrizo, la gamboa, la guadua, la zarza y en general las plantas que forman matorrales tupidos, debido a que sus raíces cambian la estructura del suelo, permitiendo que estos absorban más agua, eviten encharcamientos y dejen evaporar poca agua.

Conclusiones

Fueron múltiples las medidas tomadas para proteger el agua y asegurar el abastecimiento de esta a los principales centros poblados del país para finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, los problemas administrativos y la diferencia de intereses de cada uno de los entes territoriales dificultaron el cumplimiento de muchos de los objetivos establecidos dentro del marco de la Junta de Higiene Central. Quizá, esas mismas diferencias administrativas y problemas de articulación siguen causando que departamentos algunos aun no tengan de un sistema de acueducto y alcantarillado adecuado. Y que tampoco se protejan ciertas zonas forestales como medida preventiva para evitar el deterioro del recurso hídrico.

El aumento en la importancia de la higiene en Colombia estuvo relacionado con los notables avances en la microscopía a nivel mundial, y la inclusión del medio ambiente como factor determinante en el estado de salud de los humanos. Así mismo, el discurso y la práctica científica tuvieron gran injerencia en la medicalización e higienización en el país, pues su postura frente a conceptos como raza, progreso y desarrollo, más sus intereses políticos y de poder, delinearon el camino a seguir con respecto a la institucionalización de la higiene en el país.

Fue a partir de este avance conjunto de la higiene en todo el mundo, que se logró entender lo propensa que está el agua de romper el equilibrio que mantiene con respectos a los minerales y microorganismos que viajan por ella, pasando fácilmente de elemento vital a elemento letal para la vida. Por eso ha sido necesario, desde aquella época hasta el día de hoy, que los diferentes entes gubernamentales tomen medidas que impidan la disminución y contaminación de las aguas potables destinadas a abastecer las poblaciones, debido a su estrecha relación con ciertos problemas de salud. Además, cabe destacar que las medidas de orden pedagógico también han jugado un papel de gran importancia para procurar evitar la contaminación y disminución de las aguas potables, así como para promover ciertas prácticas por parte de las personas a fin de contribuir a mejorar la higiene y la salubridad de los territorios.

 

Bibliografía

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Meisel, A. (s.f.). Cartagena 1900-1950: al remolque de la economía nacional. Banco de La República de Colombia.

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